La televisión pública valenciana ha sido por fin cerrada bajo la excusa de que costaba demasiado dinero a una comunidad como la valenciana, obligada por la crisis a hacer recortes y a desplegar planes de austeridad. El cierre ha provocado un gran debate y una fuerte conmoción, sobre todo en algunos partidos políticos de oposición y entre los trabajadores del medio clausurado.
El punto de vista de Voto en Blanco en ese debate es que desde un enfoque ético las televisiones públicas deben cerrarse para ahorrar, antes que practicar recortes en los servicios fundamentales que presta el Estado al ciudadano, máxime si esos recortes, como ocurre en España, han llegado a afectar a la sanidad y la educación.
El director del Instituto Juan de Mariana y profesor del centro de estudios OMMA, Juan Ramón Rallo, lo tiene claro: "El cierre de Canal 9 debería escandalizar al ciudadano: no porque las administraciones públicas se desprenden de un mecanismo para manipular a las masas, sino porque la clausura haya tardado casi 25 años en producirse".
Rallo defiende la misma tesis que el blog Voto en Blanco viene proclamando desde el año 2004, cuando comenzó a publicarse para luchar por una verdadera democracia en España. Las televisiones controladas por los partidos gobernantes no defienden el bien común, sino el poder de los partidos y de sus élites. No existe justificación alguna en una verdadera democracia para crear un medio de televisión público. Si por razones extraordinarias y muy raras existiera la necesidad real de emitir mensajes concretos desde el gobierno, ese objetivo puede alcanzarse estableciendo acuerdos con los medios privados, lo que implicaría costos centenares de veces inferiores al costo de las ruinosas televisiones públicas.
Además, poner un medio de comunicación en manos de los gobernantes es proporcionarles mas poder del que deben poseer en democracia.
Rallo agrega que su tesis sobre el Canal 9 "resulta extensible a todos los medios de comunicación públicos. No hay ninguna razón que justifique coaccionar a los ciudadanos para sufragarlos".
La televisión, contrariamente a lo que opinan los gobernantes y sus partidos, nunca ha sido un bien público, pero en España se han mantenido intocables porque eran los juguetes favoritos de los que gobiernan el Estado. Ellos han preferido subir impuestos hasta extremos agobiantes y recortar servicios vitales y derechos adquiridos antes que cerrar las televisiones públicas.
Del mismo modo que el mercado regula que sólo los productos de calidad tengan éxito, del mismo modo consigue, mediante la competencia, los contenidos de las televisiones, que si quieren tener audiencia tienen que emitir aquello que la gente quiere ver. De ese modo, la gente que quiera ver noticias tendrá un canal de noticias y la gente que quiera ver telenovelas tendrá uno o varios canales de telenovelas, sin que el Estado intervenga y tenga que cobrar mas impuestos por sus juguetes mediáticos.
No existe en España ni una sola televisión pública que no emita programas similares a los de la privada y ningún programa de suficiente altura cultural o formativa que justifique una financiación forzosa con los impuestos de los ciudadanos.
Es difícil, pero podría ocurrir que existiera un profundo déficit cultural que pudiera ser llenado con una televisión no privada. En ese caso, esa televisión, como ocurre con la BBC británica, tendría que estar no en manos de los gobiernos o de los partidos políticos, sino controlada por ciudadanos independientes, de prestigio y ética probadas, que garantizarían que ese medio no fuera utilizado por los políticos para propaganda y engaño.
La televisiones públicas españolas, sin excepción, son perfectamente sustituibles por televisiones privadas y ni siquiera representan un servicio público de valor, sino que son únicamente instrumentos de propaganda al servicio de los gobernantes, que gracias a ellas incrementan su poder y proyectan la información y opinión conviene a los que mandan.
Existen otras razones para erradicar los canales de televisión públicos, como su enorme coste. El canal 9 de Valencia tiene mas empleados que Canal 5 o Antena 3 y su minuto de programación sale por mas del doble del costo razonable y de mercado.
El gran problema político de España es que, tras la muerte de Franco, la gente tenía tantas ganas de democracia que se tragó la falsa democracia que los partidos crearon en la Transición.
Las televisiones públicas, verdaderos juguetes utilizados para la propaganda y el fortalecimiento de los partidos en el poder, fueron recibidas con ilusión por unos ciudadanos, que eran incapaces de descubrir las consecuencias de poner aquellos instrumentos en manos de los partidos políticos gobernantes.
El punto de vista de Voto en Blanco en ese debate es que desde un enfoque ético las televisiones públicas deben cerrarse para ahorrar, antes que practicar recortes en los servicios fundamentales que presta el Estado al ciudadano, máxime si esos recortes, como ocurre en España, han llegado a afectar a la sanidad y la educación.
El director del Instituto Juan de Mariana y profesor del centro de estudios OMMA, Juan Ramón Rallo, lo tiene claro: "El cierre de Canal 9 debería escandalizar al ciudadano: no porque las administraciones públicas se desprenden de un mecanismo para manipular a las masas, sino porque la clausura haya tardado casi 25 años en producirse".
Rallo defiende la misma tesis que el blog Voto en Blanco viene proclamando desde el año 2004, cuando comenzó a publicarse para luchar por una verdadera democracia en España. Las televisiones controladas por los partidos gobernantes no defienden el bien común, sino el poder de los partidos y de sus élites. No existe justificación alguna en una verdadera democracia para crear un medio de televisión público. Si por razones extraordinarias y muy raras existiera la necesidad real de emitir mensajes concretos desde el gobierno, ese objetivo puede alcanzarse estableciendo acuerdos con los medios privados, lo que implicaría costos centenares de veces inferiores al costo de las ruinosas televisiones públicas.
Además, poner un medio de comunicación en manos de los gobernantes es proporcionarles mas poder del que deben poseer en democracia.
Rallo agrega que su tesis sobre el Canal 9 "resulta extensible a todos los medios de comunicación públicos. No hay ninguna razón que justifique coaccionar a los ciudadanos para sufragarlos".
La televisión, contrariamente a lo que opinan los gobernantes y sus partidos, nunca ha sido un bien público, pero en España se han mantenido intocables porque eran los juguetes favoritos de los que gobiernan el Estado. Ellos han preferido subir impuestos hasta extremos agobiantes y recortar servicios vitales y derechos adquiridos antes que cerrar las televisiones públicas.
Del mismo modo que el mercado regula que sólo los productos de calidad tengan éxito, del mismo modo consigue, mediante la competencia, los contenidos de las televisiones, que si quieren tener audiencia tienen que emitir aquello que la gente quiere ver. De ese modo, la gente que quiera ver noticias tendrá un canal de noticias y la gente que quiera ver telenovelas tendrá uno o varios canales de telenovelas, sin que el Estado intervenga y tenga que cobrar mas impuestos por sus juguetes mediáticos.
No existe en España ni una sola televisión pública que no emita programas similares a los de la privada y ningún programa de suficiente altura cultural o formativa que justifique una financiación forzosa con los impuestos de los ciudadanos.
Es difícil, pero podría ocurrir que existiera un profundo déficit cultural que pudiera ser llenado con una televisión no privada. En ese caso, esa televisión, como ocurre con la BBC británica, tendría que estar no en manos de los gobiernos o de los partidos políticos, sino controlada por ciudadanos independientes, de prestigio y ética probadas, que garantizarían que ese medio no fuera utilizado por los políticos para propaganda y engaño.
La televisiones públicas españolas, sin excepción, son perfectamente sustituibles por televisiones privadas y ni siquiera representan un servicio público de valor, sino que son únicamente instrumentos de propaganda al servicio de los gobernantes, que gracias a ellas incrementan su poder y proyectan la información y opinión conviene a los que mandan.
Existen otras razones para erradicar los canales de televisión públicos, como su enorme coste. El canal 9 de Valencia tiene mas empleados que Canal 5 o Antena 3 y su minuto de programación sale por mas del doble del costo razonable y de mercado.
El gran problema político de España es que, tras la muerte de Franco, la gente tenía tantas ganas de democracia que se tragó la falsa democracia que los partidos crearon en la Transición.
Las televisiones públicas, verdaderos juguetes utilizados para la propaganda y el fortalecimiento de los partidos en el poder, fueron recibidas con ilusión por unos ciudadanos, que eran incapaces de descubrir las consecuencias de poner aquellos instrumentos en manos de los partidos políticos gobernantes.
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