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El cargo de Defensor del Pueblo o Sindico de Agravios como se le llama en Valencia, tiene una peculiaridad y es que lo primero que llama la atención es que toda su plantilla es nombrada a dedo por el propio Defensor del Pueblo, al menos en el caso valenciano donde lo normal es que veamos a la familia y amiguetes cercanos ocupando esos puestos de trabajo, no por mérito y capacidad sino por enchufe y opacidad.

Esta discrecionalidad aberrante en alguien que tiene que dar ejemplo de justicia, meritocracia y transparencia en como se accede a esa institución y quienes acceden a ella hace que nazca viciada de forma y de fondo porque quien empieza por perder las formas acaba perdiendo el fondo.

Hay otra peculiaridad como en casi todas las instituciones de nuestro sistema político, el Defensor del Pueblo autonómico procura la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración autonómica sin olvidar que es la Administración autonómica quien lo crea, es elegido por las Cortes autonómicas a propuesta de la Comisión de peticiones por mayoría de 2/3 y con un mandato de 5 años y aunque tiene prerrogativas como la inamovilidad, inviolabilidad, inmunidad y aforamiento y su cese se puede producir por renuncia, expiración de mandato, incapacidad permanente o notoria negligencia, a la hora de la verdad y como viene siendo tradicional en nuestras instituciones todo se queda en papel mojado porque se utiliza el sistema más típico que es el patadón en el trasero y a la calle, lo cual demuestra que de independencia nada de nada, se debe a quien le nombra y cuando no hace lo que quiere el amo le pasa lo que a todo el mundo, sale por la puerta de atrás. Y eso que no tiene fuerza coactiva, si la tuviera nombrarían a un sumiso porque de lo contrario no duraba ni una semana en el cargo.

Es otra de tantas instituciones que sólo sirven para gastar presupuesto. De modo que su supresión ahorrará algún dinero, muy poco, pero algo es algo.

La inutilidad viene dada por la propia ley de creación. No tiene ningún poder ejecutivo. El único poder es el de pedir papeles a las administraciones y se los tienen que dar. Pero nada más.

El defensor puede resolver uqe la reclamación del ciudadano es justa y recomienda que le organismo en cuestión la atienda. Pero nada más. No puede obligar al organismo a que cumpla ni siquiera puede llevar ante el juez al organismo. O sea la nada.

Puede interponer recurso de incosntitucionalidad. Pero el 99,99 % de las reclamaciones no ponen en duda la constitución, ponen en duda la eficiencia y la justicia de los funcionarios que atienden al ciudadano.