María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, se sienta en estos días en el banquillo, acusada de entregar dinero para obtener una pensión para su madre. Le piden más de dos años de cárcel, justo la pena necesaria para que sea encerrada poco tiempo y su prisión sirva para meter miedo a la ciudadanía.
Nadie duda que ella merece un castigo, pero su delito ha quedado suavizado y casi ridiculizado por el delito masivo cometidos por la junta de Andalucía, que ha subvencionado EREs ilegales y otorgado pensiones a políticos, sindicalistas, chorizos y amigos del socialismo, fiananciadas con dinero público, sin que sus beneficiciarios ni siquiera hayan trabajado en esas empresas.
Ante ese delito, el de la Campanario queda casi diluido. Mucha gente se pregunta por qué la Campanario está siendo juzgada y no están encarcelados ya los delincuentes que se esconden en la Junta de Andalucía. Esa misma gente cree que , comparada con esos delincuentes, la Campanario parece una santa.
Los gobernantes españoles han perdido el norte y parece que han olvidado que el ejercicio del poder público conlleva el deber de ser ejemplares. Un mismo delito, cometido por un ciudadano común y un funcionario o alto cargo del gobierno, no es igual. La responsabilidad del político y del funcionario debe ser mayor, al menos en democracia.
La Campanario está sentada en el banquillo y su juicio está siendo televisado en directo, para disfrute de los morbosos y para inducir el miedo en la ciudadanía. Pero ¿dónde están los sinvergüenzas que han hecho posibles los falsos EREs? Nadie los ha visto todavía sentados ante el juez. No sabemos si algún día serán juzgados con el rigor que merecen, pero los ciudadanos españoles, acostumbrados a los abusos del poder y a la inmoralidad de los políticos, lo dudan, lo que equivale casi a un fracaso anticipado del sistema.
Cualquier español que se retrasa en sus pagos a Hacienda es embargado y, a veces, multado con saña, pero el sector público español incumple a diario la ley que le obliga a pagar antes de 50 días sus facturas, sin que le ocurra nada. Hay 450.000 empresas españolas que han cerrado porque algunos sinvergüenzas gobernantes han decidido no pagarles. Cientos de miles de trabajadores se han ido al paro por culpa de los políticos. ¿Alguien cree que esos delincuentes reales, no presuntos, terminarán pagando algún día esos delitos? Muchos nos tememos que no. Si eso ocurriera, quedaría confirmado, por enésima vez, que la democracia española es una cloaca pestilente donde sólo son felices los sapos y las cucarachas.
Vivimos bajo el abuso y la opresión. Vivimos engañados por una mala ralea que ha llegado al poder y se ha incrustado en las filas del poder, donde todavía quedan muchos políticos honrados y de buena voluntad. La democracia, un sistema que se basa en la verdad, en la limpieza y en la confianza, ha sido prostituida por una horda de políticos merecedores de cárcel, mucho más que los miles de ciudadanos que son condenados a diario, algunos por robar un jamón para dar de comer a su familia. El sistema se ha tornado injusto, desequilibrado e inicuo. Castiga a los débiles y otorga impunidad a los poderosos. El panorama produce asco y los responsables del envilecimiento del poder ni siquiera merecen respeto. Los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a combatirlo, a rebelarnos, a sentirnos indignados y a hacer todo lo posible para limpiar este país de inmundicia y de canallas.
Nadie duda que ella merece un castigo, pero su delito ha quedado suavizado y casi ridiculizado por el delito masivo cometidos por la junta de Andalucía, que ha subvencionado EREs ilegales y otorgado pensiones a políticos, sindicalistas, chorizos y amigos del socialismo, fiananciadas con dinero público, sin que sus beneficiciarios ni siquiera hayan trabajado en esas empresas.
Ante ese delito, el de la Campanario queda casi diluido. Mucha gente se pregunta por qué la Campanario está siendo juzgada y no están encarcelados ya los delincuentes que se esconden en la Junta de Andalucía. Esa misma gente cree que , comparada con esos delincuentes, la Campanario parece una santa.
Los gobernantes españoles han perdido el norte y parece que han olvidado que el ejercicio del poder público conlleva el deber de ser ejemplares. Un mismo delito, cometido por un ciudadano común y un funcionario o alto cargo del gobierno, no es igual. La responsabilidad del político y del funcionario debe ser mayor, al menos en democracia.
La Campanario está sentada en el banquillo y su juicio está siendo televisado en directo, para disfrute de los morbosos y para inducir el miedo en la ciudadanía. Pero ¿dónde están los sinvergüenzas que han hecho posibles los falsos EREs? Nadie los ha visto todavía sentados ante el juez. No sabemos si algún día serán juzgados con el rigor que merecen, pero los ciudadanos españoles, acostumbrados a los abusos del poder y a la inmoralidad de los políticos, lo dudan, lo que equivale casi a un fracaso anticipado del sistema.
Cualquier español que se retrasa en sus pagos a Hacienda es embargado y, a veces, multado con saña, pero el sector público español incumple a diario la ley que le obliga a pagar antes de 50 días sus facturas, sin que le ocurra nada. Hay 450.000 empresas españolas que han cerrado porque algunos sinvergüenzas gobernantes han decidido no pagarles. Cientos de miles de trabajadores se han ido al paro por culpa de los políticos. ¿Alguien cree que esos delincuentes reales, no presuntos, terminarán pagando algún día esos delitos? Muchos nos tememos que no. Si eso ocurriera, quedaría confirmado, por enésima vez, que la democracia española es una cloaca pestilente donde sólo son felices los sapos y las cucarachas.
Vivimos bajo el abuso y la opresión. Vivimos engañados por una mala ralea que ha llegado al poder y se ha incrustado en las filas del poder, donde todavía quedan muchos políticos honrados y de buena voluntad. La democracia, un sistema que se basa en la verdad, en la limpieza y en la confianza, ha sido prostituida por una horda de políticos merecedores de cárcel, mucho más que los miles de ciudadanos que son condenados a diario, algunos por robar un jamón para dar de comer a su familia. El sistema se ha tornado injusto, desequilibrado e inicuo. Castiga a los débiles y otorga impunidad a los poderosos. El panorama produce asco y los responsables del envilecimiento del poder ni siquiera merecen respeto. Los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a combatirlo, a rebelarnos, a sentirnos indignados y a hacer todo lo posible para limpiar este país de inmundicia y de canallas.
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