Los ilusos y desinformados se han sorprendido al leer estos días en la prensa que el AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste del 31%, cuando es normal que las obras públicas en España sobrepasen el precio de licitación. La duda es si el precio se dispara por los costes reales o por la corrupción que ha infectado la vida política y colocado bajo sospecha a la mayoría de las obras públicas en España desde hace tres décadas. Al final se pagaron 8.966,71 millones de euros, lo que supone un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones).
Muchos españoles sabemos de la corrupción y del abuso de poder de los políticos y sus partidos mas de lo que parecen saber los jueces y magistrados. Sabemos, por ejemplo, que si en España se han hecho muchas obras públicas y si contamos hoy con una valiosa red de autovías, aeropuertos y trenes de alta velocidad es porque la mejor manera de robar que tenían los partidos era cobrando comisiones por esas obras a las grandes constructoras adjudicatarias. Sabemos también que muchos concursos públicos se compraban y que los constructores, para asegurarse la adjudicación de contratos públicos, tenían que hacer donativos generosos a los partidos políticos, preferentemente en dinero negro. También sabemos que la práctica de vender obras, concursos y concesiones públicas la han practicado todos los grandes partidos, sobre todo los que han gobernado, desde el PP y el PSOE hasta IU y los nacionalistas.
Pero, a pesar de ser simples ciudadanos y de no tener a nuestra disposición, como los señores jueces, una policía judicial capacitada para investigar, sabemos que muchos concursos públicos se compraban y que la mayoría de las subvenciones se obtenían a cambio de donaciones y comisiones que iban a parar a los partidos y a sus recaudadores. Cualquier empresario podría citar ante el juez por lo menos una docena de nombres de políticos y funcionarios implicados en tramas corruptas dedicadas a "vender" concesiones, contratos y concursos públicos. El problema es que la Justicia nunca pregunta.
En España se han conseguido, a través de los partidos políticos y sindicatos, las preguntas que iban a decidir unas oposiciones y el precio que había que ofrecer para ganar un concurso sin caer en la baja temeraria. En el sindicato CSIC, mayoritario entre los funcionarios, tienen información suficiente para empapelar a centenares de corruptos que falsifican pruebas de acceso, filtran preguntas de exámenes y han cambiado exámenes de ingreso en la Administración autonómica mal hechos por otros impecables.
Uno de los empresarios implicados en el caso Bárcenas, donante del PP a cambio de contratos, repetía por Sevilla, con imprudencia absoluta, que para conseguir contratos públicos bastaba con pagar dinero al partido.
Existen organizaciones patronales y sindicatos que han servido como intermediarios para realizar correctamente el trueque de dinero negro a cambio de contratos.
Hay decenas de empresarios que se presentaban a concursos públicos en Andalucía y lo primero que hacían era contratar como "valedores" a familiares de Manuel Chaves, el anterior presidente de la Junta. Otras empresas contrataban a sobrinos de ex presidentes o a hijas de altos dirigentes del partido socialista para ganar concursos y obtener subvenciones millonarias. Si esas marranadas las conoce media Andalucía, es muy difícil creer que no la conozcan los jueces.
Miles de políticos y de amigos del poder trabajaban y trabajan en empresas privadas a petición de consejeros y altos funcionarios del gobierno, que pagaban el favor con contratos o subvenciones.
Hay miles de casos de corrupción conocidos por cualquier empresario o ciudadano bien informado. Si un juez quisiera conocerlos, sólo tendría que preguntar, pero probablemente a los jueces les resulta más cómodo y seguro ignorar el drama de la corrupción política e institucional que enfrentarse con los poderosos partidos y políticos encaramados en el poder.
El caso de altos cargos de la junta de Andalucía que abandonaban sus puestos para crear una empresa de servicios que recibía tantos contratos de la administración que sus dueños se hacían pronto ricos es constante y repetido. Uno de los últimos conocidos en Andalucía es el de un ex jefe de prensa de una consejería que está ganando concurso tras concurso con su inexperta y flamante empresita de comunicación, la cual resultaba curiosamente vencedora frente a las mas prestigiosas, antiguas y expertas empresas del sector.
Todavía, a pesar de la presión de los escándalos y de la indignación de los ciudadanos, funciona el aparato corrupto y se otorgan contratos y concursos a cambio de dinero. Los políticos han perdido el miedo al ciudadano y eso siempre es sinónimo de tiranía.
Hay miles de asuntos viciados que claman al cielo y cuyo conocimiento provocaría ríos de tinta y de indignación ciudadana. Esos asuntos, que parecen secretos, son de conocimiento público y lo conocen miles de ciudadanos.
Citemos uno como ejemplo: aunque debe ser un recurso generalizado, en los grandes hospitales públicos andaluces existen habitaciones y todo un aparato sanitario de lujo y bien nutrido de especialistas destinado a atender a políticos y gente recomendada. Sus beneficiarios no guardan la cola habitual para ser operados, ni comparten sus habitaciones con otros. Ese servicio, especial para dirigentes políticos y grandes amigos del poder, no sufre las restricciones y recortes que afectan a los restantes servicios sanitarios.
¿Quieren ustedes mas información? Hay para completar una docena de artículos como este, siempre con datos y hechos concretos.
Muchos españoles sabemos de la corrupción y del abuso de poder de los políticos y sus partidos mas de lo que parecen saber los jueces y magistrados. Sabemos, por ejemplo, que si en España se han hecho muchas obras públicas y si contamos hoy con una valiosa red de autovías, aeropuertos y trenes de alta velocidad es porque la mejor manera de robar que tenían los partidos era cobrando comisiones por esas obras a las grandes constructoras adjudicatarias. Sabemos también que muchos concursos públicos se compraban y que los constructores, para asegurarse la adjudicación de contratos públicos, tenían que hacer donativos generosos a los partidos políticos, preferentemente en dinero negro. También sabemos que la práctica de vender obras, concursos y concesiones públicas la han practicado todos los grandes partidos, sobre todo los que han gobernado, desde el PP y el PSOE hasta IU y los nacionalistas.
Pero, a pesar de ser simples ciudadanos y de no tener a nuestra disposición, como los señores jueces, una policía judicial capacitada para investigar, sabemos que muchos concursos públicos se compraban y que la mayoría de las subvenciones se obtenían a cambio de donaciones y comisiones que iban a parar a los partidos y a sus recaudadores. Cualquier empresario podría citar ante el juez por lo menos una docena de nombres de políticos y funcionarios implicados en tramas corruptas dedicadas a "vender" concesiones, contratos y concursos públicos. El problema es que la Justicia nunca pregunta.
En España se han conseguido, a través de los partidos políticos y sindicatos, las preguntas que iban a decidir unas oposiciones y el precio que había que ofrecer para ganar un concurso sin caer en la baja temeraria. En el sindicato CSIC, mayoritario entre los funcionarios, tienen información suficiente para empapelar a centenares de corruptos que falsifican pruebas de acceso, filtran preguntas de exámenes y han cambiado exámenes de ingreso en la Administración autonómica mal hechos por otros impecables.
Uno de los empresarios implicados en el caso Bárcenas, donante del PP a cambio de contratos, repetía por Sevilla, con imprudencia absoluta, que para conseguir contratos públicos bastaba con pagar dinero al partido.
Existen organizaciones patronales y sindicatos que han servido como intermediarios para realizar correctamente el trueque de dinero negro a cambio de contratos.
Hay decenas de empresarios que se presentaban a concursos públicos en Andalucía y lo primero que hacían era contratar como "valedores" a familiares de Manuel Chaves, el anterior presidente de la Junta. Otras empresas contrataban a sobrinos de ex presidentes o a hijas de altos dirigentes del partido socialista para ganar concursos y obtener subvenciones millonarias. Si esas marranadas las conoce media Andalucía, es muy difícil creer que no la conozcan los jueces.
Miles de políticos y de amigos del poder trabajaban y trabajan en empresas privadas a petición de consejeros y altos funcionarios del gobierno, que pagaban el favor con contratos o subvenciones.
Hay miles de casos de corrupción conocidos por cualquier empresario o ciudadano bien informado. Si un juez quisiera conocerlos, sólo tendría que preguntar, pero probablemente a los jueces les resulta más cómodo y seguro ignorar el drama de la corrupción política e institucional que enfrentarse con los poderosos partidos y políticos encaramados en el poder.
El caso de altos cargos de la junta de Andalucía que abandonaban sus puestos para crear una empresa de servicios que recibía tantos contratos de la administración que sus dueños se hacían pronto ricos es constante y repetido. Uno de los últimos conocidos en Andalucía es el de un ex jefe de prensa de una consejería que está ganando concurso tras concurso con su inexperta y flamante empresita de comunicación, la cual resultaba curiosamente vencedora frente a las mas prestigiosas, antiguas y expertas empresas del sector.
Todavía, a pesar de la presión de los escándalos y de la indignación de los ciudadanos, funciona el aparato corrupto y se otorgan contratos y concursos a cambio de dinero. Los políticos han perdido el miedo al ciudadano y eso siempre es sinónimo de tiranía.
Hay miles de asuntos viciados que claman al cielo y cuyo conocimiento provocaría ríos de tinta y de indignación ciudadana. Esos asuntos, que parecen secretos, son de conocimiento público y lo conocen miles de ciudadanos.
Citemos uno como ejemplo: aunque debe ser un recurso generalizado, en los grandes hospitales públicos andaluces existen habitaciones y todo un aparato sanitario de lujo y bien nutrido de especialistas destinado a atender a políticos y gente recomendada. Sus beneficiarios no guardan la cola habitual para ser operados, ni comparten sus habitaciones con otros. Ese servicio, especial para dirigentes políticos y grandes amigos del poder, no sufre las restricciones y recortes que afectan a los restantes servicios sanitarios.
¿Quieren ustedes mas información? Hay para completar una docena de artículos como este, siempre con datos y hechos concretos.
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