Sorprendentemente, España aparece en el puesto 30, empatada con Botswana, en el índice mundial de corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional, recientemente presentado, una posición mucho mejor de la que la corrupción real española merece.
España ha mejorado tres décimas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 y se ha estancado en el puesto 30 de la lista, empatada con Botswana con una nota de 6,5 puntos. Entre los miembros de la UE, España aparece en el puesto 13. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda ocupan el primer lugar como países menos corruptos en una clasificación de 176 Estados, mientras que Somalia, Afganistán y Corea del Norte se sitúan en la cola.
Entre los miembros de la Unión Europea, España se sitúa en el puesto número 13, tras Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Austria, Irlanda y Chipre.
España ocupa ese puesto porque en la evaluación no se tienen en cuenta graves violaciones generales de la moral política como el hecho de que los gobernantes y los políticos españoles antepongan con frecuencia sus propios intereses al interés general y al bien común, un comportamiento que la mayoría de los autores y expertos internacionales considera pura corrupción. Los evaluadores tampoco tienen en cuenta sospechas no comprobadas de corrupción, como las comisiones que cobran algunos partidos políticos catalanes a los empresarios y los asuntos que son ocultados y no salen a la luz.
Los expertos creen que la corrupción que aflora apenas representa el 10 por ciento del total. En España, donde una impunidad práctica campea por el territorio político y los grandes aliados del poder, sobre todo el financiero, los grandes medios de comunicación se someten al poder político y una parte importante de la Justicia está bajo control de los partidos, puede que ese porcentaje sea menor y que la parte oculta represente hasta el 95 por ciento del total.
Numerosas actividades corruptas la mayoría no demostradas por una Justicia sospechosamente ausente, como las comisiones cobradas por los recaudadores de determinados partidos políticos, el desacato a las sentencias judiciales, la falta de voluntad política para acabar con injusticias tan vergonzosas como los desahucios de los más desposeidos, la terca resistencia a dimitir de los políticos españoles, incluso cuando son imputados por los tribunales, el enriquecimiento inexplicable de miles de políticos con cargo público y la colocación a sueldo del Estado de cientos de miles de parientes, amigos y enchufados de los políticos, no aparecen computadas en las investigaciones de corrupción, en las que tampoco se tienen en cuenta las violaciones de principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a una vivienda digna o el derecho a trabajar, del que están privados casi seis millones de españoles.
Hay otras muchas políticas corruptas que se practican con frecuencia desde las administraciones que tampoco aparecen evaluadas por los estudios internacionales, como la concesión de subvenciones públicas a los amigos del poder, la marginación de las subvenciones a los adversarios políticos, el ingreso en puestos de trabajo público sin oposiciones, las deudas reiteradas de las administraciones públicas españolas, que al no pagar sus facturas han provocado el cierre de miles de empresas y el desempleo de cientos de miles de trabajadores y un largo etcétera de violaciones, impunidades, abusos de poder y otras actuaciones deplorables que, en buena ley, deberían computarse como corruptas.
España ha mejorado tres décimas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 y se ha estancado en el puesto 30 de la lista, empatada con Botswana con una nota de 6,5 puntos. Entre los miembros de la UE, España aparece en el puesto 13. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda ocupan el primer lugar como países menos corruptos en una clasificación de 176 Estados, mientras que Somalia, Afganistán y Corea del Norte se sitúan en la cola.
Entre los miembros de la Unión Europea, España se sitúa en el puesto número 13, tras Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Austria, Irlanda y Chipre.
España ocupa ese puesto porque en la evaluación no se tienen en cuenta graves violaciones generales de la moral política como el hecho de que los gobernantes y los políticos españoles antepongan con frecuencia sus propios intereses al interés general y al bien común, un comportamiento que la mayoría de los autores y expertos internacionales considera pura corrupción. Los evaluadores tampoco tienen en cuenta sospechas no comprobadas de corrupción, como las comisiones que cobran algunos partidos políticos catalanes a los empresarios y los asuntos que son ocultados y no salen a la luz.
Los expertos creen que la corrupción que aflora apenas representa el 10 por ciento del total. En España, donde una impunidad práctica campea por el territorio político y los grandes aliados del poder, sobre todo el financiero, los grandes medios de comunicación se someten al poder político y una parte importante de la Justicia está bajo control de los partidos, puede que ese porcentaje sea menor y que la parte oculta represente hasta el 95 por ciento del total.
Numerosas actividades corruptas la mayoría no demostradas por una Justicia sospechosamente ausente, como las comisiones cobradas por los recaudadores de determinados partidos políticos, el desacato a las sentencias judiciales, la falta de voluntad política para acabar con injusticias tan vergonzosas como los desahucios de los más desposeidos, la terca resistencia a dimitir de los políticos españoles, incluso cuando son imputados por los tribunales, el enriquecimiento inexplicable de miles de políticos con cargo público y la colocación a sueldo del Estado de cientos de miles de parientes, amigos y enchufados de los políticos, no aparecen computadas en las investigaciones de corrupción, en las que tampoco se tienen en cuenta las violaciones de principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a una vivienda digna o el derecho a trabajar, del que están privados casi seis millones de españoles.
Hay otras muchas políticas corruptas que se practican con frecuencia desde las administraciones que tampoco aparecen evaluadas por los estudios internacionales, como la concesión de subvenciones públicas a los amigos del poder, la marginación de las subvenciones a los adversarios políticos, el ingreso en puestos de trabajo público sin oposiciones, las deudas reiteradas de las administraciones públicas españolas, que al no pagar sus facturas han provocado el cierre de miles de empresas y el desempleo de cientos de miles de trabajadores y un largo etcétera de violaciones, impunidades, abusos de poder y otras actuaciones deplorables que, en buena ley, deberían computarse como corruptas.
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