Robar no es la peor corrupción de la política española. Es mucho más grave y sucio anteponer los intereses propios y los del partido al interés general, el bien común y la salud de la nación. Ese tipo de corrupción, la más rastrera, vil, injusta, antidemocrática y dañina, la practican los políticos españoles, prácticamente sin excepción. Ese vicio de anteponer el interés particular al bien común, mucho mas grave que robar, prevaricar, cobrar sobres en dinero negro o enriquecerse gracias al cargo público que se desempeña, es el que hace de España uno de los países más podridos del planeta.
Pero son muchos los déficits que alejan a España de una política digna y decente. Uno de los más graves es la violación constante y reiterada de la voluntad popular y del criterios de las mayorías, fundamento de la democracia. Hay reivindicaciones populares que congregan a la inmensa mayoría de los ciudadanos, a las que los partidos, porque no les conviene, cierran los ojos y los oídos, cometiendo así un delito contra la democracia, la decencia y la Justicia.
Los españoles quieren que se adelgace el Estado, que es el mas monstruoso de toda Europa y el que mas políticos mantiene, y desea también que se supriman poderes autonómicos y muchas instituciones y empresas públicas sin utilidad real, creadas por los políticos solo para colocar a sus amigos y compañeros de partido. También quieren que desaparezca la financiación de los partidos políticos con dinero procedente de los impuestos y que se castigue con cárcel de por vida a los corruptos que no devuelvan el botín sustraído. Quieren también que se limiten los poderes de los partidos y del mismo gobierno, por ejemplo en capítulos como el endeudamiento y el despilfarro, que son auténticos escándalos que arruinan la nación. También quieren que los privilegios de los políticos se reduzcan y, sobre todo, que se democratice el sistema, que es hoy más parecido a una dictadura de partidos que a una verdadera democracia.
Dentro del enorme capítulo de la democratización de España destacan tres dramas que la ciudadanía quiere solucionar, pero los partidos se niegan: la representatividad, la separación de poderes y el sistema electoral.
Los españoles, en realidad, no están representados por sus diputados y senadores porque estos no responden ante los ciudadanos, sino antes las cúpulas de sus partidos, que son los que los eligen y los sitúan en las listas electorales, que el ciudadano no puede alterar en las urnas, una aberración que deslegitima y desvirtúa la democracia. Hay que introducir cambios como el diputado de distrito, que acercaría el representante a sus electores, algo que repugna a los centralizados y antidemocráticos partidos políticos actuales.
La separación de poderes, consustancial a la democracia, en España es un desastre vergonzoso. El Congreso y el Senado están sometidos a los partidos y al poder ejecutivo y la Justicia está también bajo control e injerencia de los partidos y del poder ejecutivo, que tienen la desfachatez de nombrar jueces y magistrados y decidir sobre las carreras de los que administran la Justicia.
El sistema electoral, por último es un verdadero caos antidemocrático porque falla en lo sustancial: el valor del voto para que se respete el principio de "un hombre un voto", básico en democracia. En España, para beneficiar a los nacionalistas y a determinados partidos, el valor del voto es diferente en cada provincia, lo que hace que un diputado en el País Vasco necesite muchos menos votos para ser elegido que en Madrid, por ejemplo.
Hay muchas mas carencias y reivindicaciones justas en el sistema político español, que hace aguas por todas partes, pero que los partidos se niegan a resolver porque los políticos ejercen una indecente y egoísta dictadura sobre la población, que les deslegitima y les convierte en adversarios, mas que en representantes, del ciudadano. Mencionar todas las carencias y violaciones en un articulo corto, como éste, resulta imposible, pero basta con la muestra analizada para alcanzar la conclusión de que España está en manos de personas que carecen de la dignidad y la decencia básicas para representar y gobernar a un pueblo libre de ciudadanos.
Francisco Rubiales
Pero son muchos los déficits que alejan a España de una política digna y decente. Uno de los más graves es la violación constante y reiterada de la voluntad popular y del criterios de las mayorías, fundamento de la democracia. Hay reivindicaciones populares que congregan a la inmensa mayoría de los ciudadanos, a las que los partidos, porque no les conviene, cierran los ojos y los oídos, cometiendo así un delito contra la democracia, la decencia y la Justicia.
Los españoles quieren que se adelgace el Estado, que es el mas monstruoso de toda Europa y el que mas políticos mantiene, y desea también que se supriman poderes autonómicos y muchas instituciones y empresas públicas sin utilidad real, creadas por los políticos solo para colocar a sus amigos y compañeros de partido. También quieren que desaparezca la financiación de los partidos políticos con dinero procedente de los impuestos y que se castigue con cárcel de por vida a los corruptos que no devuelvan el botín sustraído. Quieren también que se limiten los poderes de los partidos y del mismo gobierno, por ejemplo en capítulos como el endeudamiento y el despilfarro, que son auténticos escándalos que arruinan la nación. También quieren que los privilegios de los políticos se reduzcan y, sobre todo, que se democratice el sistema, que es hoy más parecido a una dictadura de partidos que a una verdadera democracia.
Dentro del enorme capítulo de la democratización de España destacan tres dramas que la ciudadanía quiere solucionar, pero los partidos se niegan: la representatividad, la separación de poderes y el sistema electoral.
Los españoles, en realidad, no están representados por sus diputados y senadores porque estos no responden ante los ciudadanos, sino antes las cúpulas de sus partidos, que son los que los eligen y los sitúan en las listas electorales, que el ciudadano no puede alterar en las urnas, una aberración que deslegitima y desvirtúa la democracia. Hay que introducir cambios como el diputado de distrito, que acercaría el representante a sus electores, algo que repugna a los centralizados y antidemocráticos partidos políticos actuales.
La separación de poderes, consustancial a la democracia, en España es un desastre vergonzoso. El Congreso y el Senado están sometidos a los partidos y al poder ejecutivo y la Justicia está también bajo control e injerencia de los partidos y del poder ejecutivo, que tienen la desfachatez de nombrar jueces y magistrados y decidir sobre las carreras de los que administran la Justicia.
El sistema electoral, por último es un verdadero caos antidemocrático porque falla en lo sustancial: el valor del voto para que se respete el principio de "un hombre un voto", básico en democracia. En España, para beneficiar a los nacionalistas y a determinados partidos, el valor del voto es diferente en cada provincia, lo que hace que un diputado en el País Vasco necesite muchos menos votos para ser elegido que en Madrid, por ejemplo.
Hay muchas mas carencias y reivindicaciones justas en el sistema político español, que hace aguas por todas partes, pero que los partidos se niegan a resolver porque los políticos ejercen una indecente y egoísta dictadura sobre la población, que les deslegitima y les convierte en adversarios, mas que en representantes, del ciudadano. Mencionar todas las carencias y violaciones en un articulo corto, como éste, resulta imposible, pero basta con la muestra analizada para alcanzar la conclusión de que España está en manos de personas que carecen de la dignidad y la decencia básicas para representar y gobernar a un pueblo libre de ciudadanos.
Francisco Rubiales
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