Tiene toda la razón Artur Mas cuando afirma que "El Gobierno español da lecciones, pero no hace los deberes". Se refiere el político catalán a que mientras Rajoy exige a los gobiernos autonómicos suprimir instituciones y administraciones que duplican y hasta triplican el trabajo, no tiene el valor de suprimir ministerios y departamentos enteros de la Administración General que no tienen prácticamente trabajo porque sus funciones y servicios fueron transferidos a las autonomías.
La principal asignatura pendiente del gobierno Rajoy, además de cumplir de una vez lo que prometió durante la campaña electoral, es adelgazar un Estado obeso y enfermo, tan gigantesco que no es posible financiarlo y que es un auténtico monumento a la obscenidad y a la desvergüenza de los políticos, que lo han creado solo para colocar a sus familiares y amigos con carné.
El PP se niega a suprimir todo lo que los ciudadanos quieren que se suprima, lo que demuestra que los deseos del pueblo tienen para el PP el mismo valor que una mosca volando. Se niega a suprimir la diputaciones, a pesar de que son innecesarias, quizás porque la mayoría están ahora en su poder y representan un magnífico estacionamiento para políticos de segundo nivel. Se niegan a suprimir los miles de empresas e instituciones que han creado los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y el mismo gobierno central para burlar los controles al gasto y para colocar a cientos de miles de políticos y amigos del poder dotados de carné de partido. Entre las instituciones y entidades a suprimir figuran, como afirma Artur Mas, un político que conoce bien las entrañas injustas y corruptas de un Estado del que la Cataluña que el preside es parte destacada, ministerios y departamentos enteros de la Administración General que no tienen prácticamente trabajo porque sus funciones y servicios han sido transferidos ya a las autonomías.
Pero en esta España sucia y mal gestionada por sus pésimos políticos nadie quiere perder poder y fueros y los políticos prefieren aplastar al pueblo con impuestos y recortes antes que cerrar observatorios, empresas publicas y televisiones autonómicas que solo sirven para defender a sus amos con poder en la región o antes de dejar de financiar a sindicatos y partidos políticos, patronales corruptas y que no aportan nada al bien común.
De los casi 450.000 políticos enchufados en el Estado sin que sean necesarios, mas que los que existen en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, España`podría prescindir de 300.000 sin causar daño alguno a la administración y a los servicios, lo que representaría un ahorro tan enorme que solucionaría, de golpe, mas de la mitad de los problemas de déficit y desequilibrio existentes.
Pero los políticos, auténticos sátrapas dañinos para el ciudadano y la patria, se niegan a hacerlo, en contra de la voluntad popular y lejos de la decencia democrática.
La principal asignatura pendiente del gobierno Rajoy, además de cumplir de una vez lo que prometió durante la campaña electoral, es adelgazar un Estado obeso y enfermo, tan gigantesco que no es posible financiarlo y que es un auténtico monumento a la obscenidad y a la desvergüenza de los políticos, que lo han creado solo para colocar a sus familiares y amigos con carné.
El PP se niega a suprimir todo lo que los ciudadanos quieren que se suprima, lo que demuestra que los deseos del pueblo tienen para el PP el mismo valor que una mosca volando. Se niega a suprimir la diputaciones, a pesar de que son innecesarias, quizás porque la mayoría están ahora en su poder y representan un magnífico estacionamiento para políticos de segundo nivel. Se niegan a suprimir los miles de empresas e instituciones que han creado los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y el mismo gobierno central para burlar los controles al gasto y para colocar a cientos de miles de políticos y amigos del poder dotados de carné de partido. Entre las instituciones y entidades a suprimir figuran, como afirma Artur Mas, un político que conoce bien las entrañas injustas y corruptas de un Estado del que la Cataluña que el preside es parte destacada, ministerios y departamentos enteros de la Administración General que no tienen prácticamente trabajo porque sus funciones y servicios han sido transferidos ya a las autonomías.
Pero en esta España sucia y mal gestionada por sus pésimos políticos nadie quiere perder poder y fueros y los políticos prefieren aplastar al pueblo con impuestos y recortes antes que cerrar observatorios, empresas publicas y televisiones autonómicas que solo sirven para defender a sus amos con poder en la región o antes de dejar de financiar a sindicatos y partidos políticos, patronales corruptas y que no aportan nada al bien común.
De los casi 450.000 políticos enchufados en el Estado sin que sean necesarios, mas que los que existen en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, España`podría prescindir de 300.000 sin causar daño alguno a la administración y a los servicios, lo que representaría un ahorro tan enorme que solucionaría, de golpe, mas de la mitad de los problemas de déficit y desequilibrio existentes.
Pero los políticos, auténticos sátrapas dañinos para el ciudadano y la patria, se niegan a hacerlo, en contra de la voluntad popular y lejos de la decencia democrática.
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