Con la decisión de no actualizar el poder adquisitivo de las pensiones, el gobierno de Rajoy ha destruido la poca credibilidad que le quedaba y ha dejado a la sociedad española con una triste y peligrosa sensación de soledad, desamparo y rabia rebelde. Los demócratas y los ciudadanos decentes de España rumian ya su revancha frente a un ejecutivo que consideran hostil y adversario del ciudadano y del interés general. La situación en España se torna muy peligrosa y se sitúa en el borde del enfrentamiento entre ciudadanía y gobierno, una base sólida para el conflicto generalizado.
Millones de ciudadanos opinan que el gobierno del PP está superando al de Zapatero en mentiras, arrogancia, injusticia y destrucción del bienestar. Solo actúan cuando no tienen mas remedio o cuando el clamor popular les produce miedo. Así lo han hecho con los desahucios, con el endeudamiento, con el despilfarro, con los privilegios de la casta política, con las subvenciones politizadas y con todos los deberes y retos del liderazgo en España. Los políticos españoles acumulan un balance estremecedor de carencias, ausencias, arbitrariedades, injusticias, traiciones y fracasos que el ciudadano tiene el deber de cobrarse en las urnas, votando en blanco o no acudiendo para poner de manifiesto su oposición a un sistema que, lleno de perversiones, conduce al país hasta su derrota y desaparición.
Aunque no es el único abuso arbitrario e injusto, los desahucios son el mejor ejemplo para explicar la baja calidad de la democracia española y el pésimo nivel de nuestros políticos. Los jueces siguen aplicando una legislación de principios del siglo XX, lo que significa que la democracia ha sido incapaz de reformar la injusticia de otorgar a los bancos un poder absoluto sobre las familias que no pagan sus hipotecas, a las que arrebatan sus viviendas y siguen embargando por el resto de sus vidas, convirtiéndolas en excluidas y miserables. La demora de los desahucios de los más necesitados, por dos años, no es la solución sino un ridículo parche que hasta beneficia a la banca, ni significa la desaparición de una ley hipotecaria injusta y desproporcionada, que aplasta al individuo y a la familia en beneficio de un sistema financiero opresor e inmisericorde.
El PP y el PSOE rechazaron en las Cortes la solución del problema y votaron en contra de que la entrega del piso saldase la hipoteca. En el Pleno del Congreso de los Diputados confirmaron en 2011 su rechazo a tramitar una proposición de ley de IU e ICV, que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria. Ambas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.
El mismo fracaso e idéntica capacidad de anticiparse a los problemas han rodeado otros grandes dramas de España que pudieron ser solucionados por los políticos, como el auge del nacionalismo, el saqueo de las cajas de ahorro, el endeudamiento masivo y el despilfarro. La última muestra de despotismo sin respeto ni sensibilidad hacia el débil y pobre es la reforma de la Justicia que impulsa el gobierno, con Gallardón a la cabeza. La desaparición de la justicia gratuita beneficia también a los poderosos y aplasta todavía más al débil, para el que España ha dejado de ser una patria para transformarse en un tormento.
Ni siquiera tuvieron previsión y acierto a la hora de cambiar el modelo productivo de España, a todas luces desfasado e insuficiente para un país moderno. La abundancia de dinero recaudado en el pasado, inmensa, debió ser utilizada para reformas estructurales que hoy sustentarían nuestra riqueza, pero aquellas enormes plusvalías procedentes de urbanizarlo todo y construir más que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas, fueron despilfarradas o robadas por una clase política que, por inepta, mentirosa e inmoral, merece ser disuelta y enviada a las mazmorras de la Historia.
La sociedad española es golpeada a diario por el impacto seco de la injusticia, el abuso de poder y un sistema legal inútil. El ciudadano se convence de que el poder les ha olvidado y se ha convertido en un hacha al servicio de los poderosos. Los políticos mantienen sus privilegios, los que han saqueado las cajas de ahorros y las arcas públicas no devuelven lo robado, ni pagan por sus crímenes, el sistema siempre beneficia a los de arriba y aplasta a los de abajo. La reacción pasa rápidamente del desencanto al rechazo y, en algunos casos, al odio. Están abonando el terreno para que España se convierta en un hervidero de frustración social.
Nadie sabe cual será la respuesta de las masas ante las agresiones del poder político que padece, pero ya no cabe la cobardía, y la más suave, lógica y natural es la venganza del pueblo en las urnas, una venganza que ya no se ejercerá masivamente, como en el pasado, votando a un partido de oposición para castigar al que gobierna, sino votando en blanco, anulando las papeletas y absteniéndose para expresar así el profundo dolor que sentimos y el desprecio que los políticos nos merecen.
Millones de ciudadanos opinan que el gobierno del PP está superando al de Zapatero en mentiras, arrogancia, injusticia y destrucción del bienestar. Solo actúan cuando no tienen mas remedio o cuando el clamor popular les produce miedo. Así lo han hecho con los desahucios, con el endeudamiento, con el despilfarro, con los privilegios de la casta política, con las subvenciones politizadas y con todos los deberes y retos del liderazgo en España. Los políticos españoles acumulan un balance estremecedor de carencias, ausencias, arbitrariedades, injusticias, traiciones y fracasos que el ciudadano tiene el deber de cobrarse en las urnas, votando en blanco o no acudiendo para poner de manifiesto su oposición a un sistema que, lleno de perversiones, conduce al país hasta su derrota y desaparición.
Aunque no es el único abuso arbitrario e injusto, los desahucios son el mejor ejemplo para explicar la baja calidad de la democracia española y el pésimo nivel de nuestros políticos. Los jueces siguen aplicando una legislación de principios del siglo XX, lo que significa que la democracia ha sido incapaz de reformar la injusticia de otorgar a los bancos un poder absoluto sobre las familias que no pagan sus hipotecas, a las que arrebatan sus viviendas y siguen embargando por el resto de sus vidas, convirtiéndolas en excluidas y miserables. La demora de los desahucios de los más necesitados, por dos años, no es la solución sino un ridículo parche que hasta beneficia a la banca, ni significa la desaparición de una ley hipotecaria injusta y desproporcionada, que aplasta al individuo y a la familia en beneficio de un sistema financiero opresor e inmisericorde.
El PP y el PSOE rechazaron en las Cortes la solución del problema y votaron en contra de que la entrega del piso saldase la hipoteca. En el Pleno del Congreso de los Diputados confirmaron en 2011 su rechazo a tramitar una proposición de ley de IU e ICV, que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria. Ambas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.
El mismo fracaso e idéntica capacidad de anticiparse a los problemas han rodeado otros grandes dramas de España que pudieron ser solucionados por los políticos, como el auge del nacionalismo, el saqueo de las cajas de ahorro, el endeudamiento masivo y el despilfarro. La última muestra de despotismo sin respeto ni sensibilidad hacia el débil y pobre es la reforma de la Justicia que impulsa el gobierno, con Gallardón a la cabeza. La desaparición de la justicia gratuita beneficia también a los poderosos y aplasta todavía más al débil, para el que España ha dejado de ser una patria para transformarse en un tormento.
Ni siquiera tuvieron previsión y acierto a la hora de cambiar el modelo productivo de España, a todas luces desfasado e insuficiente para un país moderno. La abundancia de dinero recaudado en el pasado, inmensa, debió ser utilizada para reformas estructurales que hoy sustentarían nuestra riqueza, pero aquellas enormes plusvalías procedentes de urbanizarlo todo y construir más que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas, fueron despilfarradas o robadas por una clase política que, por inepta, mentirosa e inmoral, merece ser disuelta y enviada a las mazmorras de la Historia.
La sociedad española es golpeada a diario por el impacto seco de la injusticia, el abuso de poder y un sistema legal inútil. El ciudadano se convence de que el poder les ha olvidado y se ha convertido en un hacha al servicio de los poderosos. Los políticos mantienen sus privilegios, los que han saqueado las cajas de ahorros y las arcas públicas no devuelven lo robado, ni pagan por sus crímenes, el sistema siempre beneficia a los de arriba y aplasta a los de abajo. La reacción pasa rápidamente del desencanto al rechazo y, en algunos casos, al odio. Están abonando el terreno para que España se convierta en un hervidero de frustración social.
Nadie sabe cual será la respuesta de las masas ante las agresiones del poder político que padece, pero ya no cabe la cobardía, y la más suave, lógica y natural es la venganza del pueblo en las urnas, una venganza que ya no se ejercerá masivamente, como en el pasado, votando a un partido de oposición para castigar al que gobierna, sino votando en blanco, anulando las papeletas y absteniéndose para expresar así el profundo dolor que sentimos y el desprecio que los políticos nos merecen.
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