Ciudadanos está presionando a la Junta de Andalucía para que rebaje sustancialmente o suprima el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que expolia las herencias y logra la injusticia de que un andaluz pague cien veces más que un madrileño al heredar y mil veces más que un ciudadano de Canarias, toda una brutalidad contraria a la Constitución que ni siquiera conmueve a los gobernantes socialistas de Susana Díaz. La presión de Ciudadanos es tan fuerte que parece que va a lograr una rebaja, pero los expertos, que conocen los trucos y trampas de la Junta, temen que se eleve el mínimo exento de pago, pero que esa rebaja se neutralice incrementando otros factores, como las tasaciones y el catastro, lo que permitiría a los políticos cobrar por otra ventanilla lo que dejan de cobrar por las de las herencias.
Dicen que si se suprime el Impuesto de Sucesiones la Agencia Tributaria de Andalucía, cuya principal tarea es cobrar ese tributo anticonstitucional, tendría que cerrar. Pues que la cierren y con ella que cierren también las decenas de agencias, observatorios e instituciones innecesarias, que cuestan a los andaluces decenas de millones de euros y que no sirven para nada, salvo para que los amigos del poder cobren generosos sueldos públicos, sufragados con los impuestos que asfixian a los pobres ciudadanos y a las agobiadas empresas.
La asociación "Stop Impuesto Sucesiones", que está realizando una gran labor coordinando e impulsando la lucha ciudadana contra el injusto impuesto de sucesiones, cuenta de con cientos de casos documentados que reflejan el dolor y la injusticia que ese impuesto genera en la sociedad andaluza y también la opinión de numerosos expertos en derecho y constitucionalistas que demuestran que ese impuesto es contrario a las leyes y principios que emanan de la Constitución Española vigente.
He visto con mis propios ojos, en Andalucía, empresas e instituciones públicas con más de cien empleados sin trabajo alguno que realizar, pero cobrando cada mes sus sueldos. Como empresario privado y como contribuyente me sentí indignado y escandalizado cuando visité una de ellas, ante aquel derroche de dinero y desperdicio de recursos públicos, pero, cuando solicité explicaciones, me dijeron "¿Y que hacemos, echamos a los funcionarios?" Les respondí con ironía: "No, es mejor sigan ustedes expoliándonos con impuestos injustos y dedicando el dinero recaudado a esta locura".
Hay en Andalucía empresas que urbanizan suelos sin que haya suelos que urbanizar, institutos que luchan contra el chabolismo y la infravivienda sin un euro de presupuesto asignado, pero con decenas de mesas donde los trabajadores no trabajan y matan el tiempo acabando con todas las cosechas de sudokus y crucigramas. Hay muchos técnicos dedicados a ordenar el territorio sin presupuesto para ordenarlo. Hay también empresas culturales sin interlocutores, ni programas, ni contactos y un largo etcétera de locuras, estupideces y derroches que demuestran por sí solos hasta dónde puede llegar el deterioro de un sistema cuando se mantiene durante décadas en el poder, sin cambios, sin controles ciudadanos, sin competencia, sin alternancia y sin criterios democráticos vigentes. Hasta hay instituciones publicas cuya única misión es difundir cultura en Andalucía, que cuando publican un estudio el coste final es mayor que el de un Ferrari nuevo.
En lugar de engañar y engañarse ellos mismos, los políticos andaluces en el poder deberían cerrar los chitinguitos superfluos que han creado en los tiempos de la abundancia y obtener de ese cierre los cientos de millones de euros que extraen del expolio a los ciudadanos con impuestos injustos y deleznables como el que castiga a los herederos, probablemente el impuesto más injusto e impopular de toda España.
Adelgazar el Estado debería ser una obligación establecida por ley, con serios castigos a los políticos que la incumplan, sobre todo cuando, como ocurre en Andalucía, los gastos excesivos del grueso Estado impiden que los servicios vitales y las ayudas a los más débiles y desprotegidos funcionen.
Su obligación democrática es suprimir injusticias como la del impuesto de sucesiones, que expolia a los ciudadanos de las herencias que reciben de sus familiares fallecidos, un impuesto tan indecente que la misma Junta admite que está muerto y que ha provocado una brutal oleada de indignación en su contra. A pesar de esa oposición cívica a ese tributo, con una arrogancia más propia de tiranías que de democracias, la Junta lo mantiene vivo, en contra de la opinión pública y del criterio mayoritario de la ciudadanía y de los expertos.
Francisco Rubiales
Dicen que si se suprime el Impuesto de Sucesiones la Agencia Tributaria de Andalucía, cuya principal tarea es cobrar ese tributo anticonstitucional, tendría que cerrar. Pues que la cierren y con ella que cierren también las decenas de agencias, observatorios e instituciones innecesarias, que cuestan a los andaluces decenas de millones de euros y que no sirven para nada, salvo para que los amigos del poder cobren generosos sueldos públicos, sufragados con los impuestos que asfixian a los pobres ciudadanos y a las agobiadas empresas.
La asociación "Stop Impuesto Sucesiones", que está realizando una gran labor coordinando e impulsando la lucha ciudadana contra el injusto impuesto de sucesiones, cuenta de con cientos de casos documentados que reflejan el dolor y la injusticia que ese impuesto genera en la sociedad andaluza y también la opinión de numerosos expertos en derecho y constitucionalistas que demuestran que ese impuesto es contrario a las leyes y principios que emanan de la Constitución Española vigente.
He visto con mis propios ojos, en Andalucía, empresas e instituciones públicas con más de cien empleados sin trabajo alguno que realizar, pero cobrando cada mes sus sueldos. Como empresario privado y como contribuyente me sentí indignado y escandalizado cuando visité una de ellas, ante aquel derroche de dinero y desperdicio de recursos públicos, pero, cuando solicité explicaciones, me dijeron "¿Y que hacemos, echamos a los funcionarios?" Les respondí con ironía: "No, es mejor sigan ustedes expoliándonos con impuestos injustos y dedicando el dinero recaudado a esta locura".
Hay en Andalucía empresas que urbanizan suelos sin que haya suelos que urbanizar, institutos que luchan contra el chabolismo y la infravivienda sin un euro de presupuesto asignado, pero con decenas de mesas donde los trabajadores no trabajan y matan el tiempo acabando con todas las cosechas de sudokus y crucigramas. Hay muchos técnicos dedicados a ordenar el territorio sin presupuesto para ordenarlo. Hay también empresas culturales sin interlocutores, ni programas, ni contactos y un largo etcétera de locuras, estupideces y derroches que demuestran por sí solos hasta dónde puede llegar el deterioro de un sistema cuando se mantiene durante décadas en el poder, sin cambios, sin controles ciudadanos, sin competencia, sin alternancia y sin criterios democráticos vigentes. Hasta hay instituciones publicas cuya única misión es difundir cultura en Andalucía, que cuando publican un estudio el coste final es mayor que el de un Ferrari nuevo.
En lugar de engañar y engañarse ellos mismos, los políticos andaluces en el poder deberían cerrar los chitinguitos superfluos que han creado en los tiempos de la abundancia y obtener de ese cierre los cientos de millones de euros que extraen del expolio a los ciudadanos con impuestos injustos y deleznables como el que castiga a los herederos, probablemente el impuesto más injusto e impopular de toda España.
Adelgazar el Estado debería ser una obligación establecida por ley, con serios castigos a los políticos que la incumplan, sobre todo cuando, como ocurre en Andalucía, los gastos excesivos del grueso Estado impiden que los servicios vitales y las ayudas a los más débiles y desprotegidos funcionen.
Su obligación democrática es suprimir injusticias como la del impuesto de sucesiones, que expolia a los ciudadanos de las herencias que reciben de sus familiares fallecidos, un impuesto tan indecente que la misma Junta admite que está muerto y que ha provocado una brutal oleada de indignación en su contra. A pesar de esa oposición cívica a ese tributo, con una arrogancia más propia de tiranías que de democracias, la Junta lo mantiene vivo, en contra de la opinión pública y del criterio mayoritario de la ciudadanía y de los expertos.
Francisco Rubiales
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